domingo, 2 de septiembre de 2007

Introducción

En el marco de la ley XV-0387-2004, “Estatuto del docente”, se crea el Consejo Provincial de Educación, y el artículo 7 se refiere al mismo como:

“…órgano encargado de dar operatividad efectiva a los lineamientos constitucionales establecidos en el capítulo III de la constitución de la provincia de San Luis…”

Entre las funciones previstas para el mismo, y también establecidas en el mismo capítulo, se encuentra:

“Participar y consensuar en las políticas educativas a implementar, seguir y evaluar las acciones previstas en las mismas”.

Considerando que es una obligación tomar una posición frente a los desafíos que el momento impone a nuestro sistema educativo, creo oportuno concretar el presente trabajo.

Aquí encontraremos una primera parte que es una breve reseña histórica del sistema educativo nacional, que permite encontrarle sentido a nuestro presente. Luego un diagnóstico de la situación en nuestra provincia, y consideraciones acerca de lo que constituyen desafíos del sistema, y por último las acciones que necesarias para encaminarnos hacia objetivos socialmente válidos.

Breve referencia histórica

La creación del sistema educativo
A diferencia de lo que ocurrió en los estados europeos, en América Latina, el Estado se consolidó como una organización donde tuvo capacidad de participar solamente la clase dirigente de la sociedad, o sea se trató de un Estado Oligárquico. Este grupo estuvo constituido por productores de bienes para el mercado externo, exportadores, importadores y financistas.


La Argentina de entonces, con capacidad de producir bienes con alta demanda internacional, tuvo necesidad de integrar al sector productivo un sector de la población e incorporar una importante cantidad de mano de obra, a partir de la inmigración. Lo cual favoreció el crecimiento paulatino de sectores medios y una mayor heterogeneidad social y cultural.

Esto exigió una presencia más importante del Estado como agente integrador y hegemónico, lo cual no implicó la apertura al poder de los nuevos sectores sociales. El modelo de participación política continuó siendo muy restrictivo, caracterizado por amplias libertades civiles y restringidas libertades políticas.

Se trató entonces de un modelo excluyente en lo económico y lo político, que no brindó acceso masivo a la propiedad, a la participación política o a la movilidad ascendente, por lo que un sector de la población encontró en la educación el mecanismo más idóneo para integrar y modernizar la sociedad. En este marco el sistema educativo se constituyó con características fuertemente estatistas y centralizadoras.

En nuestro país la función encargada a la educación, en sus orígenes estuvo más vinculada a la esfera de lo político que a lo económico. La relación con la estructura económica no estuvo dada por la capacitación de los trabajadores. Ello se debió a que tanto la explotación extensiva de los campos como la incipiente industria no requerían una mano de obra especializada, y por otra parte las necesidades de mayor capacitación fueron cubiertas con la inmigración.

La educación con la economía estuvo relacionada, no obstante, en un doble sentido, ya que la estructura escolar permitió una estratificación social acorde con los intereses de la clase dirigente (una base numerosa con conocimientos mínimos y una escuela media restrictiva que permitía seleccionar personal para la administración) y por otra parte una estructura y un currículum altamente centralizado y elaborados desde el puerto permitieron imponer el proyecto agroexportador de la generación del 80.

Por lo tanto, desde la perspectiva de la sociedad, los sectores medios encontraron en el sistema educativo una alternativa eficaz para aumentar su capital cultural y aumentar las posibilidades de participación, contando con mejores elementos para potenciar su demanda de integración social y política plena.

En síntesis, la etapa de génesis del Estado Nacional estuvo signada por la contradicción entre los ideales del liberalismo y un modelo económico político y social que a pesar de mostrarse en su época modernizador, no incorporó a grandes sectores de la población.

Educar para el crecimiento.
El estado benefactor
A partir de la crisis del 30 y más fuertemente con la segunda guerra mundial, la caída de las exportaciones de materias primas y de las importaciones de manufacturas, obligaron a realizar una industrialización sustitutiva, y la ausencia de sectores civiles para encabezar este proceso, obligó al Estado a tomar la iniciativa y conducir el nuevo momento.

Sin cuestionar un orden económico basado en el mercado, intentó regularlo a partir de: una planificación destinada a mejorar la racionalidad económica y un vigoroso crecimiento del sector público en áreas estratégicas de la producción y los servicios.

En lo político intentó expresar una alianza con los sectores favorecidos con el proceso de industrialización y el crecimiento del mercado interno. En lo social el estado reconvierte su función, dejando de ser protector de los derechos individuales para transformarse en garante de los derechos sociales.

En este marco es posible plantear diferencias con el modelo anterior en lo referente a la función de la educación. La primera de ellas es que en el Estado oligárquico liberal, la intervención oficial en materia educativa constituyó una excepción respecto a su abstención de participar en otras políticas sociales. En el caso del estado benefactor significó una de las estrategias que formó parte de una política social más general dirigida a incorporar a nuevos sectores a la participación social.

Pero la diferencia que más interesa destacar es que la educación fue aceptada no solo como un derecho de los ciudadanos, sino también como estrategia de capacitación de mano de obra para satisfacer la demanda de la incipiente industria.

Las reformas en educación acompañaron un proceso que se desarrolló a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzando a generarse una visión “economicocentrista” del papel de la educación, pasando esta a ser considerada como una inversión, que tenía como principal objetivo alcanzar una renta individual y social.

La nueva alianza integrada por sectores empresariales más vinculados al capital extranjero, a la banca, a los productos primarios exportables y a grupos tecnocráticos concibió que la participación de los sectores populares en el estilo de las décadas anteriores significaba un peligro para el modelo de acumulación propuesto. La restricción de la participación política a través de gobiernos militares o democracias condicionadas fue la característica del período que va desde el 1955 hasta el 1973.

Esta nueva coalición puso en evidencia la contradicción existente entre el sentido modernizante que se le quería imponer al crecimiento económico y el sentido elitista que tomó el estado desarrollista frente a la demanda de participación plena de grandes sectores de la población.

Los efectos más sentidos de esta contradicción provienen de un aumento en la demanda de educación, creciendo la matrícula escolar en todos los niveles mientras que los recursos destinados a las políticas educativas no se incrementaron, siendo esto un factor de deterioro de la calidad educativa y de las condiciones materiales de la enseñanza, ya que el salario docente es la variable de ajuste.

En esos momentos la escuela se convirtió en uno de los principales instrumentos de socialización en las normas, valores y estándares de comportamiento urbano para los millones de trabajadores que llegaron del medio rural.

La escuela atendió a los peligros de anomia, cumpliendo con las funciones de homogeneización, brindando pautas y valores de un orden social emergente, y de diferenciación dotando a los individuos de las condiciones exigidas para ocupar el lugar que la sociedad le daba. El efecto legitimador que cumplió la educación permitió a su vez minimizar los conflictos sociales que se produjeron por las transformaciones.

Otra de las funciones políticas de la educación que cumplió en ese entonces está relacionada con las transformaciones curriculares llevadas a cabo tanto por el gobierno peronista cuanto por la llamada revolución libertadora y los siguientes.

Queda también resaltado el estado de desigualdad existente entre las provincias de la república con diferencias muy notorias, relacionadas con las distintas capacidades económicas.

El modelo de estado benefactor tambalea a mediados de la década del 70. Profundas crisis fiscales, agravadas por la gran suba del precio internacional del petróleo hicieron pensar que no era posible aplicar las soluciones Keynesianas, con una intervención más activa del Estado.

En nuestro país se suceden diversas etapas en el sistema educativo, desde “educar para la liberación (Cámpora), pasando por “educar para el orden” (Isabel M de Perón y el Proceso), hasta “Educar para la democracia” (Alfonsín), hasta que el “estado de bienestar”, sometido a fuertes crisis se termina convirtiendo en un verdadero “estado de malestar”.

El estado post social
La incipiente globalización de los fines de los 80, con las presiones de los propietarios de los medios de producción para aumentar su competitividad, disminuyendo los impuestos, hacen que los recursos utilizados en la educación fueran cada vez más escasos.

Esto agregado al hecho que los avances tecnológicos en la robotización jugó en contra del trabajo (para producir más es necesario más tecnología y menos trabajo), y las mejoras en las comunicaciones permite a los capitales moverse de un lugar a otro del planeta en forma instantánea, proporcionan un grave desequilibrio en las fuerzas del capital y del trabajo, creando condiciones para un doloroso retroceso de los trabajadores.

Aparecen con fuerza fenómenos como el de la desocupación en gran escala y la necesidad de generar nuevos negocios para el capital, lo cual permite el surgimiento de proyectos mercantilizadores de los servicios educativos.

Vastos sectores buscan en el sistema educativo una alternativa para no caer en la escala social, lo que produce a su vez generalizadas devaluaciones de las acreditaciones, y el consiguiente desprestigio de la actividad escolar, y pérdida de nivel de la calidad educativa.

En un mundo que avanza hacia “un solo mercado de bienes, servicios, tecnología y capital”, las limitaciones a la intervención del Estado no sólo están impulsadas por situaciones internas, también están fuertemente condicionadas por poderosos factores de decisión externa. Los organismos internacionales pasan a desempeñar un rol preponderante.

Cabe destacar que la desaparición del Estado Benefactor tomó en América Latina características distintas que en los países Europeos. Su desaparición se produce sin haber cumplido con sus objetivos y además en Europa no se cuestionó la intervención del Estado en temas sociales, sólo su aspecto Keynesiano.

Este nuevo estado emergente cumple la función de garante de las reglas de juego, habiendo abandonado su papel en la economía, trasfiriendo además sus responsabilidades a la sociedad civil y el mercado.

La concentración del poder económico, el aumento de la desigualdad social y la anomia en los comportamientos sociales respecto al cumplimiento de las normas, inclusive las legales, serían las principales consecuencias de este proceso.

El Sistema Educativo hoy

En la actualidad nos encontramos insertos en un mundo unipolar, afectado por grandes cambios de orden tecnológico que afectan las costumbres y las relaciones interpersonales. Ante esa realidad, ¿qué posición adopta el sistema educativo?, ¿están las escuelas a la altura que las circunstancias exigen?, ¿cómo responde a las demandas de la sociedad?, ¿ayuda a democratizar el orden social, o mas bien lo legitima, lo conserva?

El sistema social, debido a las transformaciones en las comunicaciones y en la robótica, ha aumentado fuertemente su tendencia a la exclusión, con enormes cantidad de personas quedando fuera del sistema, y a su vez hizo crecer la demanda de capacitación, provocando una mayor competencia por el acceso a los bienes culturales.

Esa mayor competencia provocó a su vez una devaluación de las credenciales que el sistema educativo otorga, en especial las del sistema educativo provincial. Es evidente que el título secundario cayó en un severo desprestigio.

Ante esta situación, ¿qué sucede con nuestras escuelas?, en primera instancia es posible caracterizarlas como un conjunto de barcos que no tienen rumbos muy definidos, con escasos puentes de comunicación con el Nivel Central de Conducción, con otras escuelas, con la familia y con la comunidad en general, en definitiva, no tienen apariencia de formar una flota.

La falta de comunicación con el nivel central crea una sensación de anomia y desinterés por parte de las autoridades educativas, lo que sería subsanado en buena parte con la puesta en funciones de los supervisores. Solo se recibe como aporte, el dictado de algunos cursos de perfeccionamiento que tienen bajo o nulo impacto.

Continuando con la carencia de supervisores, eso hace patente la falta de una mirada externa a cada institución, que permita descubrir debilidades y fortalezas, que ayude a estimular la autoevaluación y fijar rumbos claros en cada escuela.

En lo referente a las relaciones entre escuelas, resulta evidente que no se logró superar el tradicional aislamiento en pro de una tarea más compartida, a partir de los logros obtenidos por alguna innovación aplicada.

Puertas adentro, la falta de un proyecto educativo institucional consensuado, lleva a una falta de transparencia de las acciones.

La incomunicación con la familia, vivida por los docentes como un desinterés de parte de estas, crea una problemática más severa en un doble sentido, primero como falta de componentes para democratizar la escuela, y segundo por la ausencia de un “currículo del hogar” (hábitos de lectura, actitud crítica frente a la TV, hábitos de estudio, liderazgos democráticos familiares etc.).

La relación con la comunidad está signada por el desprestigio de la institución escolar, y la falta de valoración de los aprendizajes (“lo mismo un burro que un gran profesor”).

Estas razones, entre otras han creado un clima de malestar docente, que incluye insatisfacciones sobre la retribución material, y sobre las condiciones de trabajo que hace imposible avanzar hacia una situación de calidad educativa (situación que tiende a empeorar, llegando a situaciones muy difíciles con alumnos de más de 12 años).

Todo esto se da en un marco de ingentes inversiones en infraestructura edilicia y dificultades por la mala calidad de la obra pública.

Mientras que, desde una óptica sociológica nos encontramos con un sistema inequitativo, que reproduce las diferencias sociales, y con baja calidad educativa (aun comparado con el sistema nacional). Las escuelas operan más como guarderías que como centros distribuidor de conocimientos.

En síntesis, estamos frente a un problema que debe ser afrontado por la sociedad toda, debiendo el nivel central de conducción resignar su posición de “solucionador”, adoptando políticas que estimulen a todos los sectores de la población a contribuir a una mejoría y reconversión del sistema.

Rol del Nivel Central de Conducción

Rol del Nivel Central en nuestro contexto ante los
Desafíos del Sistema Provincial de Educación

Frente a toda esta problemática el Nivel Central de Conducción, ¿tiene todas las llaves de la solución?, ¿se trata de una problemática que se pueda comparar con una máquina? La realidad tiene numerosos planos, que son interdependientes ¿por que? Fundamentalmente porque se trata de una situación ecológica, hay que actuar sobre algunos factores para producir mejorías, por lo que sugerimos las siguientes acciones:

Instalar en la sociedad la temática educativa. La tarea de un mejoramiento general de las instituciones escolares escapa a las posibilidades de algún grupo determinado, y por su grado de complejidad, es imprescindible que la sociedad toda asuma la responsabilidad que le cabe, considerando a su vez que la educación es por sobre todas las cosas un derecho humano.

Aumentar el nivel de calidad y equidad. Es necesario estimular en los establecimientos educativos, la capacidad de autoevaluación, y convertir a la calidad educativa en el camino a seguir. Además un sistema es equitativo en la medida que todas las personas tengan acceso a todos los servicios educativos, en la misma cantidad de tiempo. En este aspecto le cabe al nivel central una especial responsabilidad para dotar a las escuelas de los planes y herramientas para lograr las mejorías, en especial revertir deserción y repitencia.

Democratización del sistema. Las relaciones entre los diversos sectores involucrados en la escuela poco ha cambiado en estos últimos 50 años. La realidad exige un mayor nivel de compromiso a todos, y es posible lograrlo siempre que partamos de una mayor democratización del sistema. Esto implica renovar los códigos de convivencia escolar y educar para la democracia y la participación plena.

Capacitar para el trabajo. La educación es ante todo un derecho social, pero además existe una exigencia de preparar al ciudadano para sus futuros desempeños en la sociedad. La escuela debe tomar cartas en el asunto.

Aportar a la consolidación de la identidad nacional y provincial. En un contexto donde otros mecanismos socializadores, como los medios de comunicación masivos, no garantizan la construcción de una identidad nacional, frente a la universalización de los códigos, la escuela debe hacer un importante aporte frente a ese problema.

Promover la colaboración con otros estamentos gubernamentales. No sólo establecer cooperación con las fuerzas de seguridad y de salud pública, sino afianzar los lazos con los planes de inclusión social y de seguridad comunitaria, a los efectos de lograr una armónica inserción de estos, que redundaría no solo en un verdadero “empoderamiento” de los sectores más relegados, sino que también la escuela se vería enriquecida con su participación como ciudadanos.

Eliminar de la provincia el analfabetismo. No se puede aceptar que en el S XXI aun haya analfabetos en la provincia. Esto implica movilizar todas las potencialidades existentes en la provincia para lograr la erradicación de este mal.

En síntesis, para poder avanzar en el cumplimiento de estas exigencias, sería necesario, por una parte un adecuado equipo de supervisión, que estimule los procesos de maduración institucional y por otra parte adaptar a las necesidades de cada establecimiento los planes educativos que ataquen las debilidades detectadas.

Acciones en el actual contexto
A partir de los lineamientos señalados, resulta necesario a breve plazo:
Completar la dotación de supervisores.
Convocar a responsables del Plan de Inclusión y otros, para tratar temas de interés común.
Evaluar en forma transparente todos los Planes Educativos aplicados en la provincia.
Evaluar las acciones del Estado tendientes a lograr igualdad en los resultados educativos, no solo en el acceso (políticas de promoción de la igualdad educativa).
Tomar iniciativas en todo tipo de tema vinculado con el “currículum del hogar”.
Planificar estrategias para poner en discusión la problemática educativa.
Ejecutar las medidas conducentes a la erradicación del analfabetismo.


Para resumir
Dada mi condición de consejero, en nombre de la calidad y equidad educativa, la democratización del sistema, la identidad nacional y provincial, la capacitación para el trabajo, el carácter social de la temática y para un mejor futuro de la provincia, mi pretensión es que a la mayor brevedad posible se vea una escucha atenta para una próxima concreción que espero sea en el corriente año.

Alberto Christin Bouchet
Representante Gremial
Unión Docentes Argentinos
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