sábado, 25 de julio de 2009

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UN DESAFÍO DEMOCRÁTICO PENDIENTE

Publico a continuación, un documento de la FLAPE, que puede servir de punto de partida para la discusión de políticas educativas, en un marco de una imprescindible mayor participación y control popular.

El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) es una iniciativa desarrollada por un conjunto de instituciones que actúan en el campo educativo, buscando ampliar y consolidar un espacio regional de reflexión, opinión e incidencia en las políticas públicas.

Nuestro objetivo es promover la defensa y el mejoramiento de la educación como derecho social y bien público. Entendemos que es necesario contribuir desde el pensamiento crítico a las transformaciones necesarias para que el derecho a la educación sea una oportunidad efectiva para todos los latinoamericanos y latinoamericanas, sin distinción de género, etnia, raza ni origen social.

En el marco de nuestras acciones en defensa del derecho a una educación de calidad para todos y todas, así como de nuestras iniciativas de promoción de la participación ciudadana en el campo educativo, las instituciones que conforman el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) declaramos:

1. Las políticas neoliberales se han constituido en uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del derecho a la educación. Nuestras sociedades son profundamente injustas, desiguales y discriminatorias. Conviven en ellas formas de exclusión que se superponen, se funden y se confunden, cuestión que nos obliga a entender, por ejemplo, los complejos mecanismos mediante los cuales opera la discriminación social y educativa basada en criterios de clase, género, etnia, raza, edad o región. Las políticas neoliberales y los programas de ajuste fiscal aplicados por los gobiernos latinoamericanos durante las últimas décadas, se han constituido en uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del derecho a la educación. ¿Cómo producir cambios en las políticas sociales sin intervenir sobre las políticas económicas vigentes? Por nuestra parte, consideramos que las políticas educativas democráticas encuentran un límite difícil de superar si no son acompañadas por políticas públicas que redistribuyan el ingreso, disminuyan los efectos excluyentes generados por la injusticia social y generen condiciones efectivas de igualdad en nuestros pueblos. La educación puede y debe constituirse en un mecanismo efectivo de fortalecimiento de los procesos de democratización y, en tal sentido, el trabajo cotidiano en las escuelas y centros educativos constituye una oportunidad indeclinable para la construcción de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, pretender cambiar la educación sin siquiera cuestionar las estructuras de discriminación y exclusión inscriptas en nuestros modelos de desarrollo, tiene un efecto limitado para la construcción de las condiciones efectivas de igualdad sobre las que deben edificarse los derechos humanos y sociales de toda sociedad democrática. En contextos sociales marcados por el crecimiento o la persistencia estructural de elevados índices de pobreza e injusticia social, que hoy sumergen en la miseria a más de 200 millones de latinoamericanos y latinoamericanas, la educación suele ser presentada como la causa perversa que ha producido esta situación o bien como la solución milagrosa de los procesos que le dieron origen. Esta ambivalencia marca a la educación con un inexorable estigma maligno o bien le atribuye un redentor mandato salvador del cual depende el futuro de nuestras sociedades. Las instituciones que constituimos el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, nos manifestamos contra ambas descripciones reduccionistas, proclamamos la importancia de la educación como un derecho humano, como bien público y como oportunidad efectiva para la construcción de las condiciones que hacen de las nuestras sociedades más justas e igualitarias. Del mismo modo, reafirmamos que hay que cambiar la educación si queremos cambiar la sociedad, pero estamos convencidos que si no cambiamos la sociedad, difícilmente cambiaremos nuestra educación.

2. Sostenemos que la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas constituye una condición sine qua non para que éstas tengan un carácter democrático e igualitario. La educación pública es producto de la histórica lucha de nuestros pueblos por la dignidad, la justicia social, la afirmación de nuestras identidades y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Revertir las consecuencias provocadas por la aplicación de un modelo político neocolonial, sexista, racista, etnocéntrico y discriminador supone la reconstrucción del poder y la soberanía popular, el fortalecimiento de los espacios públicos y la promoción de ámbitos efectivos de participación ciudadana. Desde nuestra perspectiva, la ampliación de la participación popular en el diseño y gestión de las políticas educativas es parte constitutiva de la lucha por el derecho a la educación. Sostenemos que la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas constituye una condición sine qua non para que éstas tengan un carácter democrático e igualitario. Consideramos de fundamental importancia las acciones de la sociedad civil en defensa del derecho a la educación, entendiendo que las mismas constituyen una condición y una garantía para consagrar la eficacia de este derecho, haciéndolo una realidad efectiva y duradera en nuestras sociedades.

3. El fomento de las “leyes de mercado” asociadas a un debilitamiento del rol del Estado en la promoción de los derechos sociales ha acentuado los mecanismos de segmentación y diferenciación de nuestros sistemas escolares. Los gobiernos neoliberales, inspirados en la retórica de los organismos financieros internacionales, han promovido la privatización y la focalización fragmentaria de la política social. El clientelismo y la corrupción, marcas endémicas de nuestras sociedades, articuladas a políticas de bajo impacto democratizador, conspiran contra el fortalecimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de sistemas educativos incluyentes y de calidad. Durante estos años, y con rarísimas excepciones, se profundizaron los procesos de segmentación y diferenciación de los sistemas escolares en América Latina. Revertir estas tendencias constituye un desafío urgente y necesario.

4. Observamos una enorme distancia entre las legislaciones respecto al derecho a la educación y la realidad de exclusión y segregación en la que vive buena parte de la población de nuestros países. Esto traduce una inocultable falta de voluntad política en algunos de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar de forma efectiva las desigualdades educativas y sociales que nos atraviesan endémicamente. Del mismo modo, aunque el derecho a la educación está reconocido de manera amplia y enfática en toda la legislación de los países latinoamericanos, la realidad de miseria y exclusión, asociada a los factores mencionados y a una elocuente falta de voluntad política por parte de los gobiernos de la región, hace que el mismo no pase de ser un dispositivo jurídico de limitada eficacia democrática. Numerosos diagnósticos, entre los que destacamos nuestros estudios sobre el estado del derecho a la educación en América Latina, ponen en evidencia la vulnerabilidad y precariedad de este derecho y las dramáticas condiciones que enfrentan las escuelas públicas en nuestros países. La fragilidad de la ley y los mecanismos instituidos para infringirla, dentro y fuera del propio Estado, conspiran contra el derecho a la educación, volviéndolo una formalidad normativa sin grandes consecuencias prácticas.

5. El discurso participacionista de muchos gobiernos no necesariamente tiene su correlato en instancias de participación auténticas ni en el fortalecimiento del poder real de la sociedad civil en la definición de las políticas educativas. Existe en la región una significativa variedad de normas legislativas que apuntan a garantizar diversas formas de participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Los mecanismos formales creados por esta legislación, como consejos, comités, foros, etc., son de gran importancia y deben ser ampliados. Sin embargo, como evidencian numerosos estudios y más allá de las retóricas participacionistas, el poder real de estos espacios suele no ser tan efectivo. Diversos sectores de la población, especialmente los más perjudicados por las políticas conservadoras y neoliberales, carecen de mecanismos efectivos para amplificar su voz, sus demandas y justas exigencias democráticas. Muchas veces, los mecanismos de participación de la llamada “sociedad civil”, lejos de promover una ampliación del poder de los ciudadanos y ciudadanas, consolidan tecnologías de control y disciplinamiento mediante los cuales pretenden cooptarse las demandas populares y las organizaciones que las representan, legitimando las políticas en curso.

6. Una reforma de la educación orientada a fortalecer y ampliar los alcances del derecho social al conocimiento y la lucha contra todo monopolio del saber, supone también la lucha por la implementación de efectivas reformas democráticas en la estructura misma del Estado. Los sectores conservadores se han apropiado de la bandera de la reforma de las agencias gubernamentales, reduciendo ésta a la privatización y la terciarización de toda acción estatal. Quienes constituimos FLAPE consideramos que el Estado tiene una responsabilidad inalienable e indelegable en el campo educativo. Sin embargo, también consideramos que debemos contribuir a transformar la estructura de nuestros estados, ya que ella conspira contra la posibilidad de hacer de los derechos sociales una realidad efectiva en la vida cotidiana de las grandes mayorías. El propio Estado ha promovido, en América Latina, su privatización, debilitando la efectividad de las leyes sociales y minimizando su alcance democrático. Un Estado débil para defender los derechos de los más pobres a una vida digna, y poderoso para ejercer la fuerza y la violencia a favor del gran poder económico y de las corporaciones que dominan la escena política latinoamericana. Reformar el Estado para reformar la educación y reformar la educación para reformar el Estado, es el desafío que asumimos como miembros de nuestro Foro.

7. Cambiar prácticas de discriminación sexual, étnica, social y racial al interior de la escuela, debe constituirse en un imperativo ético y político para los gobiernos y para todas las organizaciones democráticas de nuestras sociedades. El derecho a la educación ha sido históricamente violado manteniendo fuera de la escuela a un significativo número de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, también se lo vulnera dentro del propio sistema escolar mediante políticas orientadas a precarizar las condiciones de trabajo en los salones de clase. Los trabajadores y trabajadoras de la educación han sufrido y sufren hoy la implementación de políticas que, más allá de la retórica electoral o mediática, no han hecho más que precarizar las condiciones para el ejercicio de la docencia y la formación de docentes no está a la altura de los desafíos pedagógicos y curriculares que se enfrentan cotidianamente en nuestras escuelas. Del mismo modo, en muchas de nuestros centros escolares se han instituido poderosas prácticas de discriminación sexual, étnica, racial y regional. Cambiar estas prácticas es un imperativo ético y político para la construcción del derecho efectivo a una educación de calidad para todos y todas.

8. Defender el derecho a la educación supone también defender la reforma democrática de la escuela pública. El sistema educativo está perdiendo su potencia como espacio promotor y constructor de derechos, que alguna vez tuvo en algunos de nuestros países. El derecho a la educación supone, inexorablemente, el derecho a la escuela. Entretanto, el derecho a la escuela, en las condiciones de precarización ya mencionadas, no siempre supone el derecho a la educación. Las organizaciones que componen el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), nos comprometemos a trabajar activamente por la implementación de una reforma democrática de la escuela pública, reconociendo el valor fundamental que la misma posee, en una sociedad democrática, para la construcción y promoción de los derechos ciudadanos, la justicia social, la solidaridad y la igualdad. Defender el derecho a la educación supone defender la reforma democrática de la escuela pública.

9. El fortalecimiento de movimientos y organizaciones sociales con capacidad de incidencia en las políticas educativas es central para la conquista de una escuela pública de calidad para todos y todas. De tal forma, consideramos de gran importancia el fortalecimiento de los movimientos sociales y populares que, ejerciendo los principios de una democracia activa, construyen cotidianamente la ciudadanía, luchando por los derechos humanos y sociales. Del fortalecimiento y multiplicación de los movimientos y organizaciones populares depende, en buena medida, el futuro de una escuela pública de calidad para todos y todas.

10. Los miembros de FLAPE alentamos y apoyamos todas las acciones de los gobiernos de la región cuyas políticas se orientan por una ética de la igualdad, la justicia y la profundización democrática de nuestras sociedades. La situación de crisis que atraviesa la educación latinoamericana está lejos de llegar a su fin. Sin embargo, con gran expectativa, los miembros de FLAPE acompañamos y alentamos las acciones desarrolladas por gobiernos de la región que aspiran a superar los estrechos límites que políticas neoliberales dejan a la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. El fortalecimiento de estas experiencias post-neoliberales resulta de fundamental importancia para el futuro de América Latina. De su éxito depende que comencemos a transitar un sinuoso, aunque imprescindible camino de conquistas democráticas que fortalezcan y multipliquen las oportunidades de todos y todas a una educación de calidad, donde el acceso y la permanencia en la escuela sean el ejercicio inalienable de un derecho sobre el que se edifica un futuro de justicia e igualdad.
Santiago de Chile, marzo de 2007

Fanny Muñoz
FE - Foro Educativo

Perú


Ingrid Sverdlick

LPP -

Laboratorio de Políticas Públicas -

Buenos Aires Argentina


Miguel Angel Rodríguez

OCE - Observatorio Ciudadano de la Educación

México


Orlando Pulido

UPN -

Universidad Pedagógica Nacional

Colombia


Pablo Gentil

iOLPED - Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas

Brasil


Pablo Venegas

PIIE - Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación

Chile


Rafael Lucio

OCIPE - IDEUCA - Observatorio Centroamericano para la Incidencia en las Políticas Educativas

Nicaragua


Extraído de
http://www.foro-latino.org/flape/boletines/declaraciones.htm

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