sábado, 25 de julio de 2009

DERECHO A LA EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UN DESAFÍO DEMOCRÁTICO PENDIENTE

Publico a continuación, un documento de la FLAPE, que puede servir de punto de partida para la discusión de políticas educativas, en un marco de una imprescindible mayor participación y control popular.

El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) es una iniciativa desarrollada por un conjunto de instituciones que actúan en el campo educativo, buscando ampliar y consolidar un espacio regional de reflexión, opinión e incidencia en las políticas públicas.

Nuestro objetivo es promover la defensa y el mejoramiento de la educación como derecho social y bien público. Entendemos que es necesario contribuir desde el pensamiento crítico a las transformaciones necesarias para que el derecho a la educación sea una oportunidad efectiva para todos los latinoamericanos y latinoamericanas, sin distinción de género, etnia, raza ni origen social.

En el marco de nuestras acciones en defensa del derecho a una educación de calidad para todos y todas, así como de nuestras iniciativas de promoción de la participación ciudadana en el campo educativo, las instituciones que conforman el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE) declaramos:

1. Las políticas neoliberales se han constituido en uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del derecho a la educación. Nuestras sociedades son profundamente injustas, desiguales y discriminatorias. Conviven en ellas formas de exclusión que se superponen, se funden y se confunden, cuestión que nos obliga a entender, por ejemplo, los complejos mecanismos mediante los cuales opera la discriminación social y educativa basada en criterios de clase, género, etnia, raza, edad o región. Las políticas neoliberales y los programas de ajuste fiscal aplicados por los gobiernos latinoamericanos durante las últimas décadas, se han constituido en uno de los principales obstáculos para el cumplimiento del derecho a la educación. ¿Cómo producir cambios en las políticas sociales sin intervenir sobre las políticas económicas vigentes? Por nuestra parte, consideramos que las políticas educativas democráticas encuentran un límite difícil de superar si no son acompañadas por políticas públicas que redistribuyan el ingreso, disminuyan los efectos excluyentes generados por la injusticia social y generen condiciones efectivas de igualdad en nuestros pueblos. La educación puede y debe constituirse en un mecanismo efectivo de fortalecimiento de los procesos de democratización y, en tal sentido, el trabajo cotidiano en las escuelas y centros educativos constituye una oportunidad indeclinable para la construcción de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, pretender cambiar la educación sin siquiera cuestionar las estructuras de discriminación y exclusión inscriptas en nuestros modelos de desarrollo, tiene un efecto limitado para la construcción de las condiciones efectivas de igualdad sobre las que deben edificarse los derechos humanos y sociales de toda sociedad democrática. En contextos sociales marcados por el crecimiento o la persistencia estructural de elevados índices de pobreza e injusticia social, que hoy sumergen en la miseria a más de 200 millones de latinoamericanos y latinoamericanas, la educación suele ser presentada como la causa perversa que ha producido esta situación o bien como la solución milagrosa de los procesos que le dieron origen. Esta ambivalencia marca a la educación con un inexorable estigma maligno o bien le atribuye un redentor mandato salvador del cual depende el futuro de nuestras sociedades. Las instituciones que constituimos el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, nos manifestamos contra ambas descripciones reduccionistas, proclamamos la importancia de la educación como un derecho humano, como bien público y como oportunidad efectiva para la construcción de las condiciones que hacen de las nuestras sociedades más justas e igualitarias. Del mismo modo, reafirmamos que hay que cambiar la educación si queremos cambiar la sociedad, pero estamos convencidos que si no cambiamos la sociedad, difícilmente cambiaremos nuestra educación.

2. Sostenemos que la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas constituye una condición sine qua non para que éstas tengan un carácter democrático e igualitario. La educación pública es producto de la histórica lucha de nuestros pueblos por la dignidad, la justicia social, la afirmación de nuestras identidades y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Revertir las consecuencias provocadas por la aplicación de un modelo político neocolonial, sexista, racista, etnocéntrico y discriminador supone la reconstrucción del poder y la soberanía popular, el fortalecimiento de los espacios públicos y la promoción de ámbitos efectivos de participación ciudadana. Desde nuestra perspectiva, la ampliación de la participación popular en el diseño y gestión de las políticas educativas es parte constitutiva de la lucha por el derecho a la educación. Sostenemos que la participación y la incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas constituye una condición sine qua non para que éstas tengan un carácter democrático e igualitario. Consideramos de fundamental importancia las acciones de la sociedad civil en defensa del derecho a la educación, entendiendo que las mismas constituyen una condición y una garantía para consagrar la eficacia de este derecho, haciéndolo una realidad efectiva y duradera en nuestras sociedades.

3. El fomento de las “leyes de mercado” asociadas a un debilitamiento del rol del Estado en la promoción de los derechos sociales ha acentuado los mecanismos de segmentación y diferenciación de nuestros sistemas escolares. Los gobiernos neoliberales, inspirados en la retórica de los organismos financieros internacionales, han promovido la privatización y la focalización fragmentaria de la política social. El clientelismo y la corrupción, marcas endémicas de nuestras sociedades, articuladas a políticas de bajo impacto democratizador, conspiran contra el fortalecimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de sistemas educativos incluyentes y de calidad. Durante estos años, y con rarísimas excepciones, se profundizaron los procesos de segmentación y diferenciación de los sistemas escolares en América Latina. Revertir estas tendencias constituye un desafío urgente y necesario.

4. Observamos una enorme distancia entre las legislaciones respecto al derecho a la educación y la realidad de exclusión y segregación en la que vive buena parte de la población de nuestros países. Esto traduce una inocultable falta de voluntad política en algunos de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar de forma efectiva las desigualdades educativas y sociales que nos atraviesan endémicamente. Del mismo modo, aunque el derecho a la educación está reconocido de manera amplia y enfática en toda la legislación de los países latinoamericanos, la realidad de miseria y exclusión, asociada a los factores mencionados y a una elocuente falta de voluntad política por parte de los gobiernos de la región, hace que el mismo no pase de ser un dispositivo jurídico de limitada eficacia democrática. Numerosos diagnósticos, entre los que destacamos nuestros estudios sobre el estado del derecho a la educación en América Latina, ponen en evidencia la vulnerabilidad y precariedad de este derecho y las dramáticas condiciones que enfrentan las escuelas públicas en nuestros países. La fragilidad de la ley y los mecanismos instituidos para infringirla, dentro y fuera del propio Estado, conspiran contra el derecho a la educación, volviéndolo una formalidad normativa sin grandes consecuencias prácticas.

5. El discurso participacionista de muchos gobiernos no necesariamente tiene su correlato en instancias de participación auténticas ni en el fortalecimiento del poder real de la sociedad civil en la definición de las políticas educativas. Existe en la región una significativa variedad de normas legislativas que apuntan a garantizar diversas formas de participación de la sociedad civil en las políticas públicas. Los mecanismos formales creados por esta legislación, como consejos, comités, foros, etc., son de gran importancia y deben ser ampliados. Sin embargo, como evidencian numerosos estudios y más allá de las retóricas participacionistas, el poder real de estos espacios suele no ser tan efectivo. Diversos sectores de la población, especialmente los más perjudicados por las políticas conservadoras y neoliberales, carecen de mecanismos efectivos para amplificar su voz, sus demandas y justas exigencias democráticas. Muchas veces, los mecanismos de participación de la llamada “sociedad civil”, lejos de promover una ampliación del poder de los ciudadanos y ciudadanas, consolidan tecnologías de control y disciplinamiento mediante los cuales pretenden cooptarse las demandas populares y las organizaciones que las representan, legitimando las políticas en curso.

6. Una reforma de la educación orientada a fortalecer y ampliar los alcances del derecho social al conocimiento y la lucha contra todo monopolio del saber, supone también la lucha por la implementación de efectivas reformas democráticas en la estructura misma del Estado. Los sectores conservadores se han apropiado de la bandera de la reforma de las agencias gubernamentales, reduciendo ésta a la privatización y la terciarización de toda acción estatal. Quienes constituimos FLAPE consideramos que el Estado tiene una responsabilidad inalienable e indelegable en el campo educativo. Sin embargo, también consideramos que debemos contribuir a transformar la estructura de nuestros estados, ya que ella conspira contra la posibilidad de hacer de los derechos sociales una realidad efectiva en la vida cotidiana de las grandes mayorías. El propio Estado ha promovido, en América Latina, su privatización, debilitando la efectividad de las leyes sociales y minimizando su alcance democrático. Un Estado débil para defender los derechos de los más pobres a una vida digna, y poderoso para ejercer la fuerza y la violencia a favor del gran poder económico y de las corporaciones que dominan la escena política latinoamericana. Reformar el Estado para reformar la educación y reformar la educación para reformar el Estado, es el desafío que asumimos como miembros de nuestro Foro.

7. Cambiar prácticas de discriminación sexual, étnica, social y racial al interior de la escuela, debe constituirse en un imperativo ético y político para los gobiernos y para todas las organizaciones democráticas de nuestras sociedades. El derecho a la educación ha sido históricamente violado manteniendo fuera de la escuela a un significativo número de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, también se lo vulnera dentro del propio sistema escolar mediante políticas orientadas a precarizar las condiciones de trabajo en los salones de clase. Los trabajadores y trabajadoras de la educación han sufrido y sufren hoy la implementación de políticas que, más allá de la retórica electoral o mediática, no han hecho más que precarizar las condiciones para el ejercicio de la docencia y la formación de docentes no está a la altura de los desafíos pedagógicos y curriculares que se enfrentan cotidianamente en nuestras escuelas. Del mismo modo, en muchas de nuestros centros escolares se han instituido poderosas prácticas de discriminación sexual, étnica, racial y regional. Cambiar estas prácticas es un imperativo ético y político para la construcción del derecho efectivo a una educación de calidad para todos y todas.

8. Defender el derecho a la educación supone también defender la reforma democrática de la escuela pública. El sistema educativo está perdiendo su potencia como espacio promotor y constructor de derechos, que alguna vez tuvo en algunos de nuestros países. El derecho a la educación supone, inexorablemente, el derecho a la escuela. Entretanto, el derecho a la escuela, en las condiciones de precarización ya mencionadas, no siempre supone el derecho a la educación. Las organizaciones que componen el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), nos comprometemos a trabajar activamente por la implementación de una reforma democrática de la escuela pública, reconociendo el valor fundamental que la misma posee, en una sociedad democrática, para la construcción y promoción de los derechos ciudadanos, la justicia social, la solidaridad y la igualdad. Defender el derecho a la educación supone defender la reforma democrática de la escuela pública.

9. El fortalecimiento de movimientos y organizaciones sociales con capacidad de incidencia en las políticas educativas es central para la conquista de una escuela pública de calidad para todos y todas. De tal forma, consideramos de gran importancia el fortalecimiento de los movimientos sociales y populares que, ejerciendo los principios de una democracia activa, construyen cotidianamente la ciudadanía, luchando por los derechos humanos y sociales. Del fortalecimiento y multiplicación de los movimientos y organizaciones populares depende, en buena medida, el futuro de una escuela pública de calidad para todos y todas.

10. Los miembros de FLAPE alentamos y apoyamos todas las acciones de los gobiernos de la región cuyas políticas se orientan por una ética de la igualdad, la justicia y la profundización democrática de nuestras sociedades. La situación de crisis que atraviesa la educación latinoamericana está lejos de llegar a su fin. Sin embargo, con gran expectativa, los miembros de FLAPE acompañamos y alentamos las acciones desarrolladas por gobiernos de la región que aspiran a superar los estrechos límites que políticas neoliberales dejan a la construcción de sociedades más igualitarias y democráticas. El fortalecimiento de estas experiencias post-neoliberales resulta de fundamental importancia para el futuro de América Latina. De su éxito depende que comencemos a transitar un sinuoso, aunque imprescindible camino de conquistas democráticas que fortalezcan y multipliquen las oportunidades de todos y todas a una educación de calidad, donde el acceso y la permanencia en la escuela sean el ejercicio inalienable de un derecho sobre el que se edifica un futuro de justicia e igualdad.
Santiago de Chile, marzo de 2007

Fanny Muñoz
FE - Foro Educativo

Perú


Ingrid Sverdlick

LPP -

Laboratorio de Políticas Públicas -

Buenos Aires Argentina


Miguel Angel Rodríguez

OCE - Observatorio Ciudadano de la Educación

México


Orlando Pulido

UPN -

Universidad Pedagógica Nacional

Colombia


Pablo Gentil

iOLPED - Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas

Brasil


Pablo Venegas

PIIE - Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación

Chile


Rafael Lucio

OCIPE - IDEUCA - Observatorio Centroamericano para la Incidencia en las Políticas Educativas

Nicaragua


Extraído de
http://www.foro-latino.org/flape/boletines/declaraciones.htm

sábado, 4 de julio de 2009

Acerca del concepto de gobernabilidad

El autor de la nota es, Daniel Filmus, actual Senador Nacional y ex Ministro de Educación de la Argentina. Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Resulta de interés el documento ya que se da en un marco de fuerte lucha social en torno a la distribución de bienes económicos y culturales en toda América Latina (o tal vez se de a nivel planetario)

Distintos autores han destacado que cuando nos referimos a la gobernabilidad estamos utilizando un concepto polisémico: «término que adquiere una connotacion imprecisa y ambigua» (Alcántara Saez, 1994: 16), «que mueve inevitablemente a la confusión» (Rojas Bolaños, 1995: 21); «palabra atrapatodo» (Flisfish, 1989: 113) o «concepto elusivo» (Tomassini, 1995: 18). No sólo no existe consenso acerca del uso del término, sino que en distintas ocasiones es utilizado en sentido marcadamente opuesto. En este marco, cualquier acercamiento al análisis de la relación entre educación y gobernabilidad democrática exige una breve aproximación al debate existente acerca de este último concepto y una explicitación acerca del significado que le daremos al mismo en el presente artículo.

Acerca del concepto de gobernabilidad
El origen de la utilización reciente del término gobernabilidad está íntimamente vinculado a su inclusión como problema a abordar por la Comisión Trilateral durante la década de los años 70. Esta inclusión es el resultado de la constatación de un incremento en la insatisfacción y desconfianza que provoca el funcionamiento de las instituciones democráticas en los países desarrollados. La Comisión Trilateral adopta una interpretación claramente conservadora del concepto de gobernabilidad al asociarlo principalmente con una sobrecarga de demandas sociales frente al Estado (Huntington y otros, 1975). Desde esta interpretación la ingobernabilidad está asociada, por un lado, a la falta de eficacia de los Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y, por otro, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas (Rojas Bolaños, 1995).

La esencia conservadora de esta postura está reflejada en la idea de que es la ampliación de la democracia la que, al permitir la articulación de mayores demandas de la sociedad civil frente al Estado, se deslegitima como sistema: «La democracia, según este razonamiento, cuando se profundiza, alimenta ofertas y demandas, vuelve ingobernable a la sociedad. La pérdida de confianza entre los electores y sus partidos, entre la ciudadanía y las políticas estatales [...] produce estados de ingobernabilidad. Y como este tipo de sociedades no limita la participación popular, el resultado es una desconfianza hacia la democracia misma [...]» (Torres Rivas, 1993: 92). Desde la perspectiva de la Trilateral, gobernabilidad y democracia parecen ser dos términos contradictorios: «...un exceso de democracia significaría un déficit de gobernabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente...» (Rojas Bolaños, 1995: 24). Por otra parte, desde esta visión, el único protagonista capaz de crear condiciones de gobernabilidad es la elite gobernante a partir de una determinada ingeniería social, de modificaciones en el nivel procedimental de los sistemas políticos o de apelar a la ayuda de mass media a efectos de incrementar los niveles de legitimidad.

De esta manera, las estrategias que se proponen frente a esta situación también conllevan una impronta conservadora: disciplinar a través de mecanismos ideológicos o coercitivos a la sociedad, a fin de limitar su capacidad de demanda. Como veremos más adelante, el aporte que la educación puede brindar en el marco de este concepto de gobernabilidad se encuentra asociado únicamente a su función socializadora e ideológica en torno a legitimar un orden social establecido.

Estas perspectivas son retomadas para América Latina en los años 90, a partir de los documentos elaborados por los organismos de financiamiento internacional, en particular el Banco Mundial y el BID. Probablemente los documentos Governance and Development (1992) del Banco Mundial y Gobernabilidad y Desarrollo. El estado de la cuestión (1992) del BID, han jugado un papel fundamental en la reaparición del concepto en la arena de la política y las ciencias sociales de la región. Recuperada la institucionalidad democrática y habiendo desaparecido (al menos momentáneamente) los enemigos «externos» del sistema, los problemas de gobernabilidad se visualizan principalmente como deficiencias del propio Estado y del sistema político. Por otra parte, la preocupación por el uso eficiente y transparente de la asistencia financiera internacional lleva a incorporar a la idea de gobernabilidad los conceptos de «rendición de cuentas» o responsabilidad (accountability), predictibilidad, honestidad, etc.

De cualquier manera, esta recuperación del concepto de gobernabilidad en el inicio de los años 90 no alcanza a superar una versión restringida y elitista que acota el concepto a un problema de eficacia administrativa o de buena conducción y gerenciamiento del aparato de gobierno. Continúan siendo las decisiones estatales el factor dinámico y casi excluyente en torno al cual se definen las condiciones de legitimidad y eficacia. De este modo se dejan de lado el conjunto de factores sociales y el contexto internacional que producen las condiciones efectivas para la gobernabilidad.

Las perspectivas alternativas
Estas concepciones han provocado el surgimiento de diferentes perspectivas que, principalmente desde el mundo académico, alertan sobre el uso restringido del concepto y plantean el debate en torno a la participación de los distintos actores sociales en función de la creación de las condiciones que hagan propicia la gobernabilidad democrática. Como señala L. Tomassini (1995:11): « Tan grave como ignorar el problema de la gobernabilidad sería enfocarlo en forma equivocada o restringida. Existe la tentación de circunscribir el problema al mejoramiento del gobierno y de su capacidad de manejar el proceso de desarrollo económico y a maximizar la eficiencia del sector público. Invertir ideas y recursos solamente en estos temas, sin analizar las condiciones de las cuales realmente depende la estabilidad del gobierno, su capacidad de ejercer funciones y la viabilidad del sector público, sería como arar en el mar...». En esta dirección, Tomassini y otros autores, como Schmitter y Coppedge (1993), Lechner (1995), Arbós y Giner (1993) y los ya citados Flisfish, Rojas Bolaños, Torres Rivas y Alcántara Saez incorporan una visión más integrada del concepto de gobernabilidad, presentándolo como un fenómeno sistemático. De esta manera también se incluyen en un lugar privilegiado las variables vinculadas a la relación del Estado con el conjunto de organismos económicos y poderes públicos y la interacción con los actores de la sociedad civil organizada, la economía y el mercado. Estas interacciones aparecen como fundamentales para desarrollar la posibilidad de formar «consensos o mayorías estabilizadoras». Así la gobernabilidad deja de ser un asunto de ingeniería en el ámbito de la cúpula del Estado para pasar a ser un proceso más complejo donde deben interactuar un conjunto de actores: «[...] por lo tanto la gobernabilidad democrática no es solo el producto de la capacidad de un gobierno para ser obedecido por sus propios atributos (transparencia, eficacia, accountability), sino de la capacidad de todos los actores políticos estratégicos para moverse dentro de determinadas reglas de juego -una especie de concertación-, sin amenazas constantes de ruptura que siembren la incertidumbre en el conjunto de la sociedad...» (Rojas Bolaños, 1995).

En este punto también es sustancial señalar una distinción que, para el caso de las condiciones particulares de los países latinoamericanos, no es menor. Esta distinción hace referencia a las perspectivas que absolutizan el papel de la voluntad de los actores en torno al mantenimiento de un equilibrio inestable, que se ajusta periódicamente a través de mecanismos previstos institucionalmente, y aquéllas que priorizan las condiciones socioeconómicas necesarias para alcanzar un grado delegitimidad (no solo de legalidad) que permita la gobernabilidad democrática. Las primeras perspectivas, aun incorporando al análisis de las condiciones de gobernabilidad los mecanismos de articulación entre Estado y sociedad civil, enfatizan principalmente los aspectos vinculados al espacio político-institucional. Desde esta visión, la gobernabilidad estaría cuestionada sobre todo por la «crisis de representatividad» que hoy viven nuestras sociedades. Esta crisis, si bien no ha afectado aún a la credibilidad en el sistema democrático, ha comenzado a cuestionar los procedimientos utilizados para la elección de los representantes, a los partidos políticos y a los propios políticos como grupo que prioriza sus propios intereses antes que los de sus representados (Urzúa, 1996; García Delgado, 1994). Por otra parte, y como señala G. O’Donnell (1996:87), en muchas de las sociedades latinoamericanas «[...] los individuos solo son ciudadanos en relación con la única institución que funciona en forma parecida a lo que prescriben sus reglas formales: las elecciones [...]». El fortalecimiento de la gobernabilidad requeriría, entonces, tanto del desarrollo de mecanismos alternativos de participación política de la población como de la profundización de una cultura política que permitiera ejercer una ciudadanía plena.

En las concepciones mencionadas en segundo término, en cambio, la idea de eficacia es incorporada en un doble sentido. Por un lado, en referencia a la competencia técnica y administrativa del gobierno a los efectos de aumentar su racionalidad. Por otro, en dirección a respetar los compromisos electorales y demostrar voluntad política para atender los problemas que surgen de las históricas y actuales situaciones de pobreza y exclusión social (Torres Rivas, 1993).

La coetaneidad de los procesos de democratización, de reforma del Estado y de ajuste económico que están viviendo los países de la región, colocan a esta problemática en un lugar central. La desvinculación entre «[...] una reforma del Estado que apunta principalmente a una racionalidad económica, sin ninguna referencia al régimen democrático [...]» (Lechner, 1995:153) y los procesos de democratización, pone en peligro la gobernabilidad democrática entendida en un sentido integral. Esta tensión fue oportunamente planteada por F. Calderón y M. dos Santos (1992: 191) en sus tesis acerca de un nuevo orden estatal en América Latina: «Si los gobiernos y otros actores sociopolíticos buscan democratización sin modernización del Estado se generará ingobernabilidad. Si los gobiernos privilegian una modernización del Estado orientada mecánicamente por el objetivo de reducir el gasto público pueden llegar a desnaturalizar el régimen democrático [...]». La misma tensión también fue planteada con crudeza por otro tipo de perspectivas: «[...] en el mismo momento en que nos empeñamos en consolidar la democracia debemos estar preparados para medidas económicas que implican un costo social elevado que colocan en cuestión la propia democracia [...] la esperanza de la izquierda es distribuir los sacrificios valiéndose de un criterio basado en la justicia social...» (Weffort, 1993: 192).

De esta manera, el doble sentido adjudicado al concepto de eficacia resulta imprescindible para garantizar la gobernabilidad democrática. Las tendencias a la exclusión social que se manifiestan tanto desde las transformaciones macroeconómicas y del Estado como desde el propio mercado laboral a partir de la introducción de nuevas tecnologías y procesos productivos, sólo pueden ser neutralizadas por políticas estatales dirigidas a «[...] establecer nuevas formas de cohesión e integración social, es decir, para construir un nuevo orden que sea capaz de disminuir las desigualdades objetivas que dividen actualmente la sociedad iberoamericana y aumentar la igualdad de oportunidades...» (OEI, 1996: 9).

Sintetizando, frente a las perspectivas originales de cuño conservador que limitan la problemática de la gobernabilidad al desarrollo de estrategias elaboradas desde la cúpula del Estado en dirección a contener las demandas sociales y canalizar los conflictos sin que ellos amenacen la estabilidad del sistema socioeconómico y político (Garretón, 1993), en los últimos años se ha alumbrado otro concepto de gobernabilidad democrática. Este concepto plantea una perspectiva integral y no restringida del binomio legitimidad-eficacia. Al mismo tiempo, coloca en un lugar central la necesidad de construcción permanente de la gobernabilidad democrática a partir de una nueva articulación entre el Estado y la sociedad civil, otorgándole a esta última un papel irremplazable: «[...] gobernabilidad es equivalente al desarrollo de un marco democrático que suponga amplia participación de sectores populares en la resolución de los problemas que plantea la crisis y la reestructuración productiva y societal [...]» (Rojas Bolaños, 1995: 40). Por otra parte, una visión integral del binomio anteriormente mencionado implica entender la legitimidad tanto como la capacidad del régimen de promover actitudes positivas hacia el sistema político (considerado como merecedor de apoyo), como para crear estrategias para el ejercicio de una ciudadanía plena, sin exclusiones. Eficacia entendida tanto como el incremento de los niveles de racionalidad y eficiencia del Estado en torno a su funcionamiento y puesta en práctica de las políticas públicas, como en dirección a garantizar crecientes niveles de justicia social y de disminución de la pobreza y la marginalidad.

Esta perspectiva también implica dejar de lado la idea de que existe sólo un factor dinámico en la construcción de las condiciones para la gobernabilidad democrática. Exige volver la vista hacia el conjunto de los actores sociales y apostar a la capacidad de organización y de articulación de demandas como mecanismos para posibilitar la participación ciudadana más allá del voto y del control de la gestión pública que presuponen las estrategias que proponen el concepto de accountability. La preocupación por el fortalecimiento de la sociedad civil pasa a desempeñar un rol fundamental dentro de este concepto de gobernabilidad.



Fuente
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie12a01.htm
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