.jpg)
durante dos décadas representa el más importante esfuerzo de los países por hacer de la educación una prioridad en nuestras agendas de desarrollo.Los países de la región, conscientes de la importancia que tiene la educación de los niños, jóvenes y adultos, han realizado esfuerzos para cumplir los objetivos del proyecto desde su creación en 1981. Se acusan avances en algunos países, sobre todo en la cantidad de niños que ingresan a la escuela. Sin embargo, la región en su conjunto no ha logrado aún cumplir en su totalidad los objetivos planteados.
Los gobiernos reiteramos nuestro compromiso con los objetivos del Proyecto Principal de Educación de alcanzar una escolaridad básica para todos, de alfabetizar a la población de jóvenes y adultos, y completar las reformas necesarias para mejorar la calidad y la eficiencia en la educación.
En América Latina y el Caribe todavía existen alrededor de 40 millones de analfabetos mayores de 15 años, que representan más del 11% de la población total de esta región. Esta situación limita los derechos humanos y ciudadanos de estas personas, y se convierte a la vez en un obstáculo para el aprendizaje de sus hijos. Cada país debe continuar buscando métodos eficaces para erradicar el analfabetismo, incluyendo la utilización de la radio y la televisión.
Por otra parte, no se ha logrado garantizar la educación básica para todos, ya que una parte de los niños no ingresa a la escuela, y subsisten tasas significativas de repitencia y deserción escolar, que impiden que todos terminen la educación primaria. Los gobiernos continuarán priorizando la cobertura en la educación básica hasta lograr que todos los niños y niñas en edad escolar ingresen al sistema educativo y lo culminen.
Además, es necesario realizar mayores esfuerzos por ofrecer servicios educativos de mejor calidad, buscando la equidad, puesto que persisten serias diferencias entre los países y al interior de ellos. El primer estudio regional comparado del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (1999) mostró la existencia de estas diferencias y la importancia en los logros de aprendizaje de factores asociados como: la profesionalidad y la dedicación de los docentes, el clima escolar, el nivel educativo de la familia, y la disponibilidad de libros y materiales educativos en las escuelas.
Reconocemos que el actual panorama social de la región condiciona las posibilidades de la educación: 220 millones de personas en América Latina y el Caribe viven hoy en situación de pobreza.
La actual globalización de los mercados excluye a un número creciente de personas de los beneficios del desarrollo social y económico, por las limitaciones en su formación educativa que no les da la posibilidad de insertarse positivamente en dicho proceso.
Reconocemos también que hay signos de esperanza para hacer efectivas las potencialidades de la educación como factor determinante del desarrollo humano. La presente culminación de una etapa sostenida de crecimiento en la expansión de servicios y cobertura de la educación básica en un contexto de búsqueda de su mayor calidad y equidad, ha representado un efectivo esfuerzo de los gobiernos y de cooperación entre países, así como una creciente incorporación de nuevos actores.
Hoy tenemos mayor claridad sobre la necesidad de promover una educación a lo largo de toda la vida en múltiples e interactivos ambientes humanos y educativos y de dar más importancia a los valores; aspiramos a que nuestra educación sea fortalecida sobre un aprendizaje orientado a posibilitar el ser, el hacer y conocer y a favorecer la convivencia humana, asumiendo como factor positivo nuestra rica diversidad étnica y cultural.
El Foro Mundial de Dakar 2000 ha establecido seis metas de Educación Para Todos, cubriendo de este modo los compromisos asumidos por los ministros de América Latina y el Caribe en Santo Domingo, expresados en su plan de acción. Los ministros, de este modo, se han comprometido a que los gobiernos trabajen con la sociedad civil para acordar las políticas, estrategias y acciones necesarias dirigidas a cumplir las metas establecidas.
Por ello, luego de conocer y analizar los informes y propuestas presentados en la reunión, Declaramos:
1. Nuestra preocupación por no haber logrado la totalidad de las metas propuestas por el Proyecto Principal de Educación, las que continúan siendo prioridades básicas y compromisos para los países de la región que aún no las han alcanzado.
2. Que los sistemas educativos han de acelerar su ritmo de transformaciones para no quedar rezagados respecto a los cambios que acontecen en otros ámbitos de la sociedad, a fin de liderar un salto cualitativo en la educación. Los esfuerzos que vienen realizándose por transformar los sistemas a través de las reformas educativas en marcha, de poco servirán si no se logran cambios en los actores y en las prácticas educativas. Esto implica centrar la atención en la calidad de los procesos pedagógicos vinculando la gestión a la mejora de dichos procesos y a sus resultados, facilitando condiciones necesarias para que las instituciones educativas sean adecuados espacios de aprendizaje para los alumnos.
3. Que para lograr aprendizajes de calidad en el aula los docentes son insustituibles. La transformación que suponen las reformas se define en la preparación y disposición del docente para la enseñanza. Enfrentar y solucionar la cuestión docente con un tratamiento integral sigue siendo factor clave y urgente para los próximos lustros. La función y la formación docente demandan ser reconceptualizadas con un enfoque sistémico, que integre la formación inicial con la formación continua, la participación efectiva en proyectos de mejoramiento, la generación en los centros educativos de equipos de trabajo docente y la investigación en una interacción permanente. La participación de nuevos actores y la introducción de nuevas tecnologías deben tender a reforzar el papel profesional de los docentes. Junto con ello hay que enfrentar con urgencia todos los otros aspectos que pueden posibilitar al docente realizar su tarea en condiciones dignas de trabajo y desarrollo personal: remuneración adecuada, desarrollo profesional y aprendizaje permanente, evaluación de su desempeño y responsabilidad por los resultados del aprendizaje
4. Que sin educación no hay desarrollo humano posible. Si bien la educación, por si sola, no elimina la pobreza ni es capaz de forjar las condiciones de sostenido crecimiento económico y bienestar social, sigue siendo la base de crecimiento personal y factor determinante para mejorar significativamente el acceso igualitario a las oportunidades de mejor calidad de vida. Ello refuerza nuestra convicción que la educación es ante todo un derecho básico de las personas y que los Estados, a través de sus gobiernos, tienen la responsabilidad ineludible de hacerlo efectivo.
En una región con crecientes desigualdades sociales, el fortalecimiento y la transformación de la educación pública constituye mecanismo clave para una democratización social efectiva. Esto requiere urgentes políticas económicas, sociales y culturales que apoyen las educativas orientadas fundamentalmente a atender a los grupos excluidos y marginados de América Latina y el Caribe para que superen su actual exclusión de una educación de calidad.
5. Que en un mundo plural y diverso América Latina y el Caribe tienen mucho que ofrecer si aprovechan la riqueza de su diversidad de etnias, lenguas, tradiciones y culturas. Para ello, nuestra educación no sólo debe reconocer y respetar la diversidad sino también valorarla y constituirla en recurso de aprendizaje. Los sistemas educativos deben ofrecer oportunidades de aprendizaje a cada niño, joven y adulto, cultivando la diversidad de capacidades, vocaciones y estilos, particularmente sus necesidades educativas especiales. Es responsabilidad de los Gobiernos y de las sociedades respetar plenamente este derecho, haciendo todos los esfuerzos a su alcance para que las diferencias individuales, socioeconómicas, étnicas, de género y de lengua, no se transformen en desigualdad de oportunidades o en cualquier forma de discriminación.
6. Que se requiere un nuevo tipo de institución educativa. Es imprescindible que las instituciones educativas sean más flexibles, con alta capacidad de respuesta, y dotadas de una efectiva autonomía pedagógica y de gestión. Darles apoyo suficiente para que organicen y ejecuten sus propios proyectos educativos respondiendo a las necesidades y diversidad de la comunidad que atienden, construidos de manera colectiva, y que asuman - junto a los entes estatales y los otros actores – la responsabilidad por los resultados. Esto requiere que los gobiernos provean los recursos financieros, humanos y materiales para todos los establecimientos educacionales bajo su responsabilidad, con énfasis en los que atienden a poblaciones de mayor pobreza.
7. Que siendo la educación un derecho y deber de cada persona, compartido por la sociedad, es necesario crear mecanismos adecuados y flexibles que aseguren una sostenida participación de múltiples actores y se incentiven prácticas intersectoriales en el campo de la educación. Los mecanismos de integración deben estar referidos a los distintos ámbitos del quehacer educativo, comenzando con la familia, el aula y la institución escolar y priorizando su vinculación con el desarrollo local. Es condición necesaria para aumentar la participación de la comunidad en la educación que el Estado asuma un efectivo liderazgo estimulando la participación de la sociedad en el diseño, la ejecución y la evaluación de impacto de las políticas educativas.
8. Que la condición de la juventud, como grupo social estratégico en América Latina y el Caribe, reclama respuestas educativas específicas que posibiliten al joven habilidades para la vida, el trabajo y la ciudadanía. La Educación Secundaria debe ser asumida como prioridad en aquellos países que hayan universalizado la educación primaria. La opción por incentivar nuevas y flexibles formas de aprendizaje constituirá una respuesta para los adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y marginalidad, que abandonan la educación formal sin haber tenido acceso a una educación de calidad. La realidad del actual mercado laboral en un contexto de pocas oportunidades de empleo formal, demanda propiciar una adecuada formación para el trabajo, superando barreras para realizar una transición eficaz entre el sistema escolar y el mundo laboral. Asimismo, los crecientes problemas de violencia juvenil dentro y fuera de los centros educativos, de drogadicción, de embarazo y paternidad precoces así como la escasa participación ciudadana de los jóvenes, requieren el refuerzo en la formación de valores y urgentes respuestas educativas y sociales.
9. Que es necesario ampliar los focos de atención educativa de manera formal y no formal hacia grupos de población infantil y adulta aún insuficientemente considerados en las actuales estrategias nacionales y cuya educación es condición necesaria para mejorar la calidad y equidad en los aprendizajes a lo largo de la vida. El cuidado y desarrollo integral de la primera infancia con enfoques centrados fundamentalmente en la familia y en el generalizado acceso a la educación inicial, debe ser pilar fundamental de toda buena educación. La educación de las personas adultas en su doble condición de sujetos de aprendizaje y de padres interesados en la educación de sus hijos debe formar parte de los propósitos y tareas de las reformas educativas. Todo ello es responsabilidad de los gobiernos y de las sociedades para garantizar la igualdad de oportunidades educativas y mejores ambientes familiares para los aprendizajes.
10. Que el uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación debe darse en el marco de un proyecto social y educativo comprometido con la equidad y la calidad. Un claro desafío de los próximos años será la construcción de un modelo escolar en el que alumnos y docentes aprendan a utilizar la tecnología al servicio de sus respectivos procesos de aprendizaje. Sin embargo, no podemos olvidar que la opción por hacer más eficientes esos aprendizajes debe considerar más las potencialidades de las personas - y muy particularmente de los profesores – y el respeto a las identidades culturales, antes que las propias promesas de la tecnología. La utilización de ésta potenciará la educación a distancia y la constitución de redes de aprendizaje que hagan efectivo el principio de la educación a lo largo de toda la vida. La introducción de tecnologías - como la computación - en las escuelas debe asumirse como factor de igualdad de oportunidades, asegurando la democratización en el acceso a ellas.
11. Que con el propósito de mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de la educación es necesario un aumento significativo en los recursos económicos que se asignan a la inversión educativa, procurando asimismo una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y una distribución equitativa de los mismos.
12. Que los países de América Latina y el Caribe requieren contar con una renovada cooperación internacional que contribuya a llevar a cabo las tareas y los propósitos de la presente Declaración, fortaleciendo la capacidad nacional de decisión y ejecución. Por este motivo, además de tomar como marco de referencia la Declaración de Dakar, es importante sumar a este proyecto las iniciativas hemisféricas como La Cumbre de las Américas, y las internacionales que han permitido sumar nuevos actores y enriquecer los proyectos de desarrollo educativo. La vigencia de estos compromisos y acuerdos demandan que mantengamos relaciones sólidas y positivas con agencias de cooperación e instituciones internacionales que apoyan técnica y/o financieramente proyectos de desarrollo educativo en la Región, incentivando la responsabilidad y la rendición de cuentas de estas instituciones por los resultados de su cooperación. Debe haber un esfuerzo mayor para que estas agencias y organismos internacionales respeten las prioridades, intereses y características de cada nación, y estimulen la cooperación horizontal entre los países.
13. Que en consideración a los elementos anteriormente especificados y las demandas de una acción en América Latina y el Caribe con objetivos y espacios de acción comunes, creemos necesario solicitar a la UNESCO que tome la iniciativa de organizar con los ministros de la Región un Proyecto Regional en una perspectiva de quince años que incluya los elementos fundamentales de esta Declaración, de acuerdo a las recomendaciones emanadas de esta reunión, y realizando evaluaciones periódicas cada cinco años.
Cochabamba, Bolivia, 6 de Marzo de 2001
No hay comentarios:
Publicar un comentario